Pacatnamú A: maquinaria pesada destruye estratigrafía y entierros prehispánicos junto al valle de Jequetepeque.

El sitio arqueológico Pacatnamú A, ubicado en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, conserva evidencias prehispánicas sobre una terraza marina próxima al océano Pacífico y al valle de Jequetepeque. En abril de 2026 se constató que una parte del sitio había sido excavada, removida y nivelada con maquinaria pesada, dejando huellas sobre el terreno y grandes acumulaciones del material removido hacia el oeste. Las excavaciones clandestinas alcanzaron aproximadamente 2.010 metros cuadrados y provocaron la destrucción de estratigrafía arqueológica y la alteración de contextos prehispánicos. 

La situación es especialmente grave porque los movimientos de tierra no afectaron únicamente restos arquitectónicos o fragmentos de cerámica. En el área existen entierros prehispánicos, algunos de los cuales vienen siendo destruidos o descontextualizados por las excavaciones, remoción y nivelación del terreno. A ello se suman la erosión, los fuertes vientos y las lluvias eventuales, que aceleran la pérdida del material arqueológico que ha quedado expuesto después de la remoción de la tierra.

Una terraza arqueológica frente al mar.

Pacatnamú A fue construido sobre una terraza marina situada aproximadamente a 20 metros sobre el nivel del mar. El paisaje donde se asentó fue formado por sucesivas deposiciones aluviales, levantamientos tectónicos y antiguos procesos de transgresión y regresión marina. La superficie presenta terrenos relativamente planos atravesados por quebradas aluviales, formadas por las lluvias esporádicas asociadas a los episodios de El Niño.

Su posición tiene además una característica particular. Hacia el sur existe un barranco que colinda con el margen norte del valle de Jequetepeque y hacia el oeste otro barranco desciende en dirección a la playa. Esta morfología proporcionaba al lugar una defensa natural que dificultaba el acceso. Pacatnamú A se encuentra así en un espacio singular entre el valle, la terraza desértica y el litoral.

De Chavín y Cupisnique al llamado “Proto Chimú”.

La importancia de Pacatnamú A no comienza con los problemas actuales. El lugar forma parte de una larga historia de investigaciones sobre Pacatnamú. En 1926 y 1930, Alfred L. Kroeber estudió materiales arqueológicos de la zona que denominó “Proto Chimú” y elaboró mapas parciales. Posteriormente también se reportó la presencia en superficie de cerámica de estilos Chavín y Cupisnique, recogida en trabajos vinculados a Julio C. Tello y posteriormente citada por otras investigaciones.

Esto es importante porque muestra una profundidad temporal que no debe reducirse a una sola cultura. La presencia superficial de cerámica Chavín y Cupisnique constituye evidencia de ocupaciones o actividades antiguas reportadas en el lugar, aunque por sí sola no permite atribuir toda la arquitectura actualmente visible a Chavín o Cupisnique. En Pacatnamú A todavía se observan fragmentos de cerámica dispersos por el terreno, muchos de ellos expuestos como consecuencia de los huaqueos.

Dos mil metros cuadrados afectados.

La zona directamente afectada por las excavaciones clandestinas se encuentra hacia el suroeste de Pacatnamú A y comprende aproximadamente 2.010 m². Allí quedaron registradas las huellas de maquinaria pesada, la excavación y nivelación del terreno y la acumulación de tierra removida. La consecuencia más grave es la destrucción de la estratigrafía arqueológica: al remover mecánicamente las capas del suelo se pierde la posición original de los objetos, restos arquitectónicos, entierros y demás evidencias que permiten reconstruir arqueológicamente la historia del lugar. 

Los 2.010 m² no representan la extensión total de Pacatnamú A. El polígono establecido para su protección comprende 10.752,16 m², equivalentes a 1,0752 hectáreas, con un perímetro de 1.385,71 metros. Por tanto, la superficie afectada registrada equivale aproximadamente al 18,7 % de este polígono de protección, sin que ello signifique que ese porcentaje corresponda a la totalidad del gran complejo arqueológico de Pacatnamú. 

La expansión agrícola sobre el sitio arqueológico.

Las excavaciones y nivelaciones están vinculadas a otro problema claramente identificado en Pacatnamú A: la expansión agrícola. En el interior del área arqueológica aparecieron sembríos, y entre las medidas adoptadas se encuentra precisamente el cese y retiro de esos cultivos. La presión sobre el sitio no procede únicamente de la agricultura. El lugar se encuentra además en una zona de tránsito frecuente de personas y próxima a espacios de crecimiento urbano, aumentando las posibilidades de nuevas ocupaciones y remociones del terreno.

La combinación resulta especialmente destructiva: primero se excava y nivela con maquinaria pesada; al hacerlo se rompen las capas arqueológicas y se descontextualizan entierros; posteriormente, los materiales que quedaron expuestos sufren la acción de los fuertes vientos, la erosión y las lluvias. Lo que permanece enterrado durante siglos puede perder en poco tiempo buena parte de la información arqueológica que conservaba.

Pacatnamú A conserva, por tanto, algo mucho más antiguo que las estructuras que todavía pueden observarse sobre la superficie. Bajo la tierra permanecen capas arqueológicas, cerámica y entierros prehispánicos capaces de registrar distintas etapas de ocupación de esta parte del litoral de La Libertad. Precisamente esas capas son las que una excavadora puede destruir de manera irreversible: 2.010 metros cuadrados ya muestran los efectos de excavaciones clandestinas, maquinaria pesada, nivelación del terreno y expansión agrícola.

Las memorias de la Corte Suprema de 1888 y 1895

Las memorias de la Corte Suprema de 1888 y 1895: jueces sin dinero, litigantes que alargaban los juicios y una justicia que buscaba independizarse del poder político.

Por Iván Oré Chávez

Dos manuscritos conservados por el Poder Judicial permiten entrar directamente a los problemas de la justicia peruana de fines del siglo XIX. Fueron escritos por José Eusebio Sánchez y José Jorge Loayza, presidentes de la Corte Suprema, y corresponden a los balances de los años judiciales de 1887 y 1894. En sus páginas aparecen una Corte con pocos vocales, conjueces que trabajaban gratuitamente, litigantes que utilizaban excepciones y recursos para prolongar los procesos, leyes procesales cuyos plazos habían quedado anticuados frente al ferrocarril y los barcos a vapor, jueces obligados por necesidades económicas a ejercer actividades particulares, cárceles deficientes, pleitos de personas pobres para quienes una propiedad de poco valor constituía su verdadero capital y una larga discusión acerca de cómo independizar al Poder Judicial del Ejecutivo. Los dos documentos son además objetos históricos: fueron escritos a mano con tinta ferrogálica negra hace cerca de 140 años y conservan sellos, filigranas, firmas y características físicas de la documentación oficial de la época. Actualmente forman parte del Fondo Histórico para la investigación judicial en el Poder Judicial, custodiado en el Palacio de Justicia de Lima.

Dos memorias obligatorias para rendir cuentas sobre la justicia.

Estas memorias no eran recuerdos personales ni discursos escritos libremente por los presidentes de la Corte. Su elaboración respondía al artículo 54 del Reglamento de Tribunales, que obligaba al presidente saliente a presentar, durante la apertura de los tribunales, una memoria sobre las labores realizadas durante el año anterior, los defectos advertidos en el funcionamiento de la justicia y las medidas que consideraba necesarias para corregirlos. José Eusebio Sánchez lo dejó escrito al comenzar la suya: “Os debo cuenta detallada de los trabajos realizados por este Tribunal Supremo en el año de 1887”, obligación que atribuía expresamente al artículo 54. Las memorias posteriormente debían remitirse al Gobierno y publicarse.

Aunque la documentación estudiada fue denominada inicialmente “Memorias de Presidentes de la Corte Suprema (1887-1895)”, existe una diferencia importante entre los años sobre los que informan y las fechas de producción de los documentos. La primera memoria trata del año judicial 1887, pero fue redactada, leída y publicada en 1888. La segunda informa sobre 1894 y corresponde a 1895. Por esa razón, la evaluación archivística posterior estableció como fechas de producción 1888-1895.

En 1888 faltaban vocales para atender las causas.

La memoria de José Eusebio Sánchez describe una Corte Suprema que tenía dificultades para completar sus propias salas. El número de vocales apenas superaba en dos al necesario para conocer las causas de nulidad. Una enfermedad o un impedimento legal podía dejar incompleta una sala, obligando a recurrir repetidamente a conjueces anuales. El problema se agravaba porque los conjueces y adjuntos fiscales no recibían remuneración por esas funciones. Eran abogados que mantenían su ejercicio profesional y tenían que abandonar temporalmente sus propios asuntos para atender los llamados del tribunal.

Aquello generaba otra dificultad: un abogado que hubiese asesorado o representado privadamente a alguna de las partes podía quedar impedido cuando posteriormente era convocado como conjuez para completar una sala. La solución propuesta por Sánchez era recurrir, en determinados casos, a miembros de las Cortes Superiores que no hubieran conocido anteriormente el proceso. A ello se agregaba un problema institucional: el receso de las cámaras del Congreso y la supresión de la Comisión Permanente que intervenía en la elección de vocales habían creado dificultades para cubrir provisionalmente las vacantes de la Corte Suprema, repercutiendo directamente en el despacho de los recursos.

Tres o cuatro excepciones para prolongar un solo juicio.

Pero Sánchez no atribuía todos los retrasos a la organización de los tribunales. Una de sus denuncias más fuertes estaba dirigida contra determinados litigantes que utilizaban las propias reglas procesales para impedir que los juicios terminaran. Algunos planteaban simultáneamente tres o cuatro excepciones dilatorias. Como cada una podía tramitarse y resolverse sucesivamente, era posible utilizar los recursos disponibles contra cada decisión hasta alcanzar incluso el recurso extraordinario de nulidad. También los recursos de queja podían utilizarse para retardar el cumplimiento de sentencias que ya habían quedado firmes. Sánchez llegó a describir el procedimiento judicial como el “arsenal en donde se arman los litigantes de mala fe para prolongar indefinidamente los juicios”.

La consecuencia no era solamente perder tiempo. Podía significar perder económicamente aun después de ganar. El presidente de la Corte advertía que algunos litigantes terminaban gastando más que el valor de la propia cosa disputada para conseguir que finalmente los tribunales reconocieran su derecho. En semejantes condiciones, decía, habría resultado económicamente preferible abandonar aquello que legítimamente les pertenecía. La Corte intentaba contener esas prácticas declarando improcedentes los recursos que no correspondían legalmente, pero no se limitaba a imponer las costas del procedimiento: podía aplicarse también la pena establecida por ley al abogado que hubiera patrocinado el recurso ilegal. Sánchez afirmaba que esta práctica había producido incluso desistimientos de recursos. Hay que distinguir, sin embargo, las responsabilidades que describe la propia memoria: Sánchez atribuye a determinados litigantes la utilización deliberada de mecanismos para prolongar los procesos; respecto de los abogados, lo que documenta es la posibilidad de sancionarlos cuando patrocinaban recursos ilegales.

El ferrocarril había avanzado más rápido que el Código de Enjuiciamientos.

Uno de los pasajes más extraordinarios de la memoria de 1888 muestra hasta qué punto el cambio tecnológico estaba afectando al derecho. Sánchez observó que los plazos del Código de Enjuiciamientos habían sido concebidos para otro Perú. Cuando se aprobó el Código, la navegación a vapor apenas comenzaba a extenderse por los mares peruanos y todavía no existían las vías férreas que posteriormente acortarían las distancias entre los pueblos. Para 1888 esa realidad había cambiado. Según Sánchez, los vapores y ferrocarriles permitían llegar a los confines de la República en 40 días y ponerse en contacto con los lugares más apartados de ultramar en menos de 60 días. Sin embargo, el Código todavía contemplaba términos de 89 días y hasta un año para determinadas diligencias probatorias.

“no tienen razón de ser los términos de 89 días y de un año”, escribió. Su propuesta era reducir prudentemente aquellos plazos sin perjudicar los derechos de los litigantes. Era, en términos muy concretos, una exigencia de actualización legislativa provocada por una revolución en los transportes: la distancia física se había reducido, pero el tiempo jurídico continuaba siendo el del país anterior al vapor y al ferrocarril.

La Corte Suprema llevaba sus propios proyectos de reforma al Congreso.

Sánchez sostenía que correspondía a la Corte pedir al Poder Legislativo que corrigiera los defectos de la legislación que impedían una administración rápida de justicia. La Corte ejerció incluso su atribución de iniciativa en la formación de leyes y remitió al Congreso un proyecto destinado a acelerar el despacho de los recursos judiciales. La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados lo recibió introduciendo pequeños cambios, pero cuando llegó al debate de la Cámara fue modificado de tal manera que, según la memoria, terminó alterándose el propósito original de acelerar la terminación de los procesos sin perjudicar a los litigantes.

También existía el movimiento contrario. El Gobierno consultaba a la Corte sobre proyectos preparados por el Ministerio de Justicia antes de remitirlos al Congreso. Uno de ellos planteaba suprimir determinadas Cortes Superiores. La Corte Suprema opinó unánimemente a favor de eliminar aquellas que no estaban cumpliendo adecuadamente su finalidad. Las razones fueron bastante concretas: faltaban abogados expertos que facilitaran el funcionamiento de los procedimientos y algunas juntas departamentales carecían de recursos suficientes para sostener los gastos de esas Cortes.

En 1887 llegó a la Suprema una cantidad récord de recursos.

Las memorias contienen también estadísticas judiciales: procesos pendientes del año anterior, causas ingresadas, expedientes resueltos y asuntos que quedaban todavía por despachar. Sánchez afirmó que durante el año judicial de 1887 la cantidad de recursos recibidos había sido la más alta registrada hasta entonces en los anales judiciales. Otro dato resulta particularmente interesante: solamente el 28 por ciento de los recursos fueron declarados fundados. Sánchez interpretó esa proporción como una señal del mayor empeño de los jueces de las instancias inferiores en el estudio de las causas.

Dar dinero propio a la justicia para independizarla.

La memoria de José Jorge Loayza, correspondiente al año judicial 1894, coloca en primer plano otro problema: la independencia económica del Poder Judicial. El antecedente se encontraba en el decreto del 16 de mayo de 1884. Según Jorge Basadre, la norma partía expresamente de la idea de que para hacer efectiva la independencia del Poder Judicial había que proporcionarle rentas propias que permitieran su “cómoda y decorosa subsistencia”. El decreto estableció 18 ingresos especiales, entre ellos las estampillas judiciales y diversos derechos, timbres, multas y costas.

Un nuevo paso ocurrió con la Ley del 4 de octubre de 1893, cuando el Congreso atribuyó a la Corte Suprema la contribución de timbres y su administración. El Ejecutivo formuló observaciones porque no estaba de acuerdo con perder el manejo de aquella contribución, pero el Congreso terminó aprobando la norma. La transferencia tuvo efectos prácticos: la Corte realizó el remate de la renta para el bienio 1895-1896, cuyo resultado Loayza consideró satisfactorio. Para el presidente de la Corte aquello representaba un avance hacia la independencia económica del Poder Judicial.

Algunos jueces ejercían actividades particulares por necesidad económica.

Loayza relacionaba directamente el problema económico con la administración cotidiana de justicia. Había jueces que, por necesidades económicas, intervenían privadamente en procedimientos o asuntos legales de particulares. El problema aparecía después, cuando uno de aquellos casos llegaba al tribunal donde ejercían como jueces. Su intervención previa podía impedirles conocer el asunto, produciendo una nueva interrupción del proceso. El dinero, por tanto, no era para Loayza una cuestión secundaria: la precariedad económica podía producir incompatibilidades profesionales y esas incompatibilidades podían retrasar la justicia.

En 1894 se eliminaron dos vocalías de la Corte Suprema para ahorrar.

Mientras se intentaba fortalecer económicamente la independencia judicial, la crisis fiscal obligaba a reducir gastos. Una ley de 1894 suprimió dos vocalías de la Corte Suprema y dispuso que una de sus salas quedara compuesta por solamente tres magistrados. Loayza criticó la reforma: “No había pues necesidad de nueva organización de la Suprema Corte [...] cuando la frecuente modificación de leyes de esa clase trae consigo graves inconvenientes”. Sin embargo, comprendía la necesidad nacional de economizar. El problema era su consecuencia: menos vocales significaban mayor trabajo para un número menor de magistrados. La contradicción era evidente. En 1888 Sánchez ya denunciaba la escasez de vocales y la necesidad de llamar conjueces. Seis años después, una medida de austeridad fiscal eliminaba otras dos vocalías.

La memoria de Loayza fue escrita en el difícil escenario de la Reconstrucción Nacional posterior a la Guerra del Pacífico y en medio de la inestabilidad política de aquellos años. El propio magistrado reconocía los límites que esa situación imponía: “Mientras no se establezca la paz y se consolide el orden en nuestra patria, no se implantarán reformas que exigen fuertes desembolsos [...]”. La crisis económica entraba así directamente en la administración de justicia: menos vocales, falta de recursos, necesidad de buscar ingresos propios y reformas materiales que debían postergarse porque costaban demasiado.

Para un pobre, un pequeño juicio podía significar todo su capital.

Loayza también se ocupó de los procesos seguidos ante los jueces de paz. Celebró una ley que otorgaba mayores garantías a los litigantes y hacía menos costosa la defensa de sus derechos. Su argumento resulta particularmente revelador. Las cosas discutidas en aquellos juzgados podían tener poca significación pecuniaria, pero quienes acudían a ellos eran generalmente personas pobres. Para esas personas, aquello que se estaba litigando podía constituir su “verdadero y único capital”. La cuestión no era entonces solamente cuánto valía objetivamente una propiedad o un bien, sino cuánto representaba dentro del patrimonio de la persona que estaba intentando conservarlo.

La Corte Suprema llegó a dirigir el Registro de la Propiedad Inmueble.

La memoria de Loayza contiene también una defensa de la inscripción de los títulos de propiedad. Consideraba necesario que los propietarios registraran sus títulos de dominio y que los funcionarios judiciales cumplieran las disposiciones correspondientes. La inscripción debía facilitar las transacciones y proteger a los compradores de buena fe. La Corte tenía una relación directa con esa institución: el decreto del 28 de enero de 1888 le había conferido la dirección e inspección del Registro de la Propiedad Inmueble, y el propio Loayza participó en la elaboración del Reglamento del Registro de la Propiedad Inmueble del 25 de junio de 1888. Posteriormente, mediante la Ley del 25 de noviembre de 1892, aquella función fue transferida a una junta mixta, aunque la Corte continuó interviniendo en su supervisión a través de uno de sus fiscales.

Cárceles deficientes que no podían rehabilitar a los presos.

Otro asunto tratado por Loayza fue el estado de las cárceles. Consideraba que necesitaban reformas materiales y morales y que los establecimientos existentes no estaban adaptados a la finalidad de corrección y rehabilitación que debían cumplir. Entre las medidas reclamaba separar a los reclusos según la gravedad de sus delitos y las condiciones de sus condenas. El historiador Carlos Aguirre ha situado las limitaciones de aquellas reformas penitenciarias dentro de un problema más amplio: la crisis económica y la persistencia de estructuras sociales excluyentes que afectaban particularmente a unas cárceles ocupadas mayoritariamente por miembros de las clases populares.

Loayza quería “emancipar de la tutela” al Poder Judicial.

Probablemente el planteamiento político-institucional más importante de la memoria de 1895 sea la defensa que Loayza hizo de la independencia judicial. “No es otro”, escribió, su propósito que contribuir a que el Poder Judicial fuese, como establecía la Constitución, “un poder independiente que, como el Legislativo y el Ejecutivo, gire dentro de su respectiva órbita, sin invadir ajenas atribuciones ni permitir se menoscaben las que le corresponden”. Loayza quería que los nombramientos de jueces, magistrados y funcionarios judiciales fueran realizados dentro del propio Poder Judicial. Establecía, sin embargo, una excepción: consideraba que los magistrados de la Corte Suprema debían continuar siendo elegidos por el Congreso.

Su razonamiento era sencillo: si el Poder Judicial no nombraba a los funcionarios del Ejecutivo, el Ejecutivo tampoco debía nombrar a los funcionarios judiciales. Los magistrados, sostenía, estaban en mejores condiciones para conocer la ilustración, honorabilidad y competencia de los jueces inferiores y de los abogados que aspiraban a ingresar a la judicatura. Loayza quería además que quien ingresara al sistema judicial supiera que su ascenso dependería de sus aptitudes, méritos y servicios, y no de las “vicisitudes de la política” ni de las “influencias del favor”.

Para explicar el origen del problema retrocedía hasta la Colonia. Durante el régimen monárquico, la justicia se administraba en nombre del soberano español. Después de la Independencia, algunas de aquellas prácticas habían sobrevivido bajo la República alrededor de la figura del jefe del Estado. Loayza reconocía que las costumbres formadas durante tres siglos no podían desaparecer inmediatamente. Pero habían transcurrido ya más de setenta años de vida republicana, y consideraba necesario superar aquellas prácticas heredadas del orden monárquico. Por eso hablaba expresamente de “emancipar de la tutela” al Poder Judicial.

Dos presidentes de la Corte que también habían dirigido el Poder Ejecutivo.

Las biografías de Sánchez y Loayza añaden una dimensión particularmente interesante a sus memorias: ninguno de los dos había vivido exclusivamente dentro de los tribunales. José Eusebio Sánchez nació en Lima el 14 de agosto de 1823. Se recibió de abogado el 5 de marzo de 1846 y ese mismo año ingresó al Colegio de Abogados de Lima. En 1850 fue nombrado relator de la Corte Suprema; en 1855, juez de Primera Instancia de Lima; en 1857, vocal interino de la Suprema; y en 1859 obtuvo el doctorado en Jurisprudencia. Presidió la Corte Superior de Lima durante 1871 y 1872 y fue vocal supremo desde 1876. Pero además fue ministro de Instrucción Pública, Culto, Justicia y Beneficencia; presidente del Consejo de Ministros entre 1873 y 1875; y ministro de Gobierno, Policía y Obras Públicas entre 1885 y 1886. Presidió la Corte Suprema en tres periodos: 1888-1889, 1892-1893 y 1898-1899.

José Jorge Loayza nació en Lima el 23 de abril de 1827. Estudió en el Convictorio de San Carlos y llegó a ser nombrado relator de la Corte Suprema, aunque rechazó inicialmente el puesto para continuar ejerciendo la abogacía. Ingresó al Colegio de Abogados de Lima en 1853 y fue su decano en 1866 y 1877-1878. En 1886 fue nombrado vocal de la Corte Suprema y la presidió entre 1893 y 1895. También había sido ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores y encargado del despacho de Justicia. Ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros en tres oportunidades: 1871-1872, 1878 y 1898-1899. Y existe otro dato significativo: Loayza participó como reservista en la defensa de Lima en 1881, durante la Guerra del Pacífico. De esta manera, el magistrado que en 1895 reclamaba que el Poder Ejecutivo dejara de intervenir en determinados nombramientos judiciales había conocido personalmente el funcionamiento de ese poder desde sus más altos cargos.

Diecisiete folios con el sello de la República.

Los documentos no solamente tienen importancia por aquello que dicen. También la tienen por lo que materialmente son. La memoria de Sánchez es un cuaderno cosido de 17 folios, incluida la carátula, escrito sobre papel de fibra vegetal. Mide 32 centímetros de largo por 22 de ancho y 0,3 centímetros de espesor. Todos sus folios llevan una filigrana con la inscripción “República peruana servicio administrativo” y conservan el sello judicial oficial correspondiente a la época.

A esta pieza se encuentran además incorporadas tres páginas deterioradas de El Comercio del 12 de abril de 1887. Esas páginas contienen la memoria correspondiente a 1886, leída por Bernardo Muñoz, quien había asumido la presidencia del Tribunal Supremo después de la muerte de Juan Antonio Ribeyro. Tenemos entonces dentro de una misma unidad documental el manuscrito de Sánchez sobre el año judicial 1887 y ejemplares periodísticos que conservan la memoria del año precedente.

Diecinueve folios que tuvieron que ser liberados de clips oxidados.

La memoria de Loayza es ligeramente menor: 27 centímetros de largo, 21,3 de ancho y 0,2 centímetros de espesor, y tiene 19 folios, incluida la carátula. También fue escrita sobre papel de fibra vegetal, pero sus hojas llevan la filigrana comercial “ANTIQUE”, acompañada en su diseño por un escudo heráldico coronado y ramas de laurel. Los folios actualmente están sueltos. Habían permanecido unidos mediante clips metálicos, pero estos tuvieron que ser retirados porque se habían oxidado. Los dos manuscritos fueron escritos con tinta ferrogálica negra y se encuentran en buen estado de conservación.

Los manuscritos pueden pedirse en PDF.

Las memorias se conservan en el Fondo Histórico para la investigación judicial en el Poder Judicial, bajo custodia del Centro de Investigaciones Judiciales. Existe además la posibilidad de consultarlas. El Poder Judicial señala que puede solicitarse una copia digital en PDF al correo del Centro de Investigaciones Judiciales, cij@pj.gob.pe, y mediante el mismo medio puede coordinarse una cita para consultar presencialmente los documentos originales.

Se ha recomendado declararlas Patrimonio Cultural de la Nación.

El expediente técnico considera que estas dos piezas poseen valor histórico, social, científico, político y biográfico y recomienda que sean declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Hay que hacer aquí una precisión: el informe técnico que sustenta el expediente no constituye por sí mismo la declaratoria patrimonial. Lo que hace es recomendarla, al considerar comprobado el valor permanente de los documentos y su importancia como fuentes para investigar la historia del Perú.

Pero quizá el mayor valor de estos dos viejos manuscritos pueda entenderse sin ninguna clasificación administrativa. Sus hojas permiten escuchar a dos presidentes de la Corte Suprema describiendo los problemas cotidianos de la justicia peruana hace casi 140 años. En ellas aparecen jueces que necesitaban ejercer actividades privadas para obtener ingresos; conjueces que trabajaban gratuitamente; salas que no podían completarse; litigantes que presentaban tres o cuatro excepciones para prolongar sus procesos; abogados que podían ser sancionados por patrocinar recursos ilegales; juicios cuyo costo podía terminar superando el valor de aquello que se disputaba; dos vocalías eliminadas para ahorrar dinero; cárceles incapaces de cumplir la función regeneradora que se les atribuía; y personas pobres para quienes una propiedad aparentemente insignificante constituía su verdadero capital.

Y aparece también una República que se estaba transformando materialmente. Los ferrocarriles y los vapores ya permitían recorrer distancias en cuarenta o sesenta días, mientras algunas leyes continuaban concediendo plazos de ochenta y nueve días o un año. En medio de esa contradicción, Loayza formuló en 1895 otra aspiración que consideraba todavía inconclusa después de más de siete décadas de República: “emancipar de la tutela” al Poder Judicial y convertirlo efectivamente en un poder independiente.

Huaca Chacarita I: una pirámide de barro de los tiempos del señorío de Chincha amenazada por viviendas y basura.

La Huaca Chacarita I se encuentra en el centro poblado Chacarita, distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha, departamento de Ica. Está situada en la llanura del amplio valle de Chincha, dentro del actual casco urbano de la ciudad y entre los ríos Chico y Matagente. Sus coordenadas referenciales son 376986 E / 8514237 N. La inspección arqueológica se realizó el 9 de junio de 2026, entre las 2:00 y las 2:30 de la tarde, a cargo del arqueólogo Marco Antonio Taquiri González, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica.

Una pirámide trunca de adobe y tapial.

Lo que sobrevive de Chacarita I es un montículo prehispánico construido con adobes y muros de tapial, con forma de pirámide trunca. Alcanza aproximadamente 7 metros de altura y la descripción arqueológica atribuye al montículo un área aproximada de 60 metros cuadrados. Se encuentra dentro de una propiedad privada y actualmente no existe libre acceso al sitio.

La huaca ha quedado prácticamente atrapada por el crecimiento de Chincha. Por los lados sur, este y norte está rodeada por viviendas de material noble; únicamente hacia el oeste colinda con campos de cultivo. Incluso el acceso está cerrado por un muro de adobe de aproximadamente tres metros de altura. Es, por tanto, una construcción prehispánica que actualmente sobrevive en medio de viviendas, terrenos agrícolas y la expansión del casco urbano.

Cerámica del Intermedio Tardío: los tiempos del señorío de Chincha.

Entre los muros de tapial aparecieron fragmentos de cerámica diagnóstica y no diagnóstica. Parte de esos fragmentos fue identificada cronológicamente con el Intermedio Tardío, y también existe cerámica dispersa por el área de la huaca. No se registraron materiales líticos, restos óseos ni materiales malacológicos.

Aquí sí podemos darle al lector el contexto histórico que falta. El Intermedio Tardío, aproximadamente entre los siglos XI y XV, corresponde en el valle de Chincha al desarrollo del poderoso señorío o reino de Chincha. No significa que podamos afirmar automáticamente que Chacarita I fue construida por los chinchas —para eso harían falta excavaciones y una filiación arqueológica más precisa—, pero esa es la entidad política que dominaba el valle durante buena parte del periodo al que apunta la cerámica encontrada en la huaca. La investigación arqueológica contemporánea describe al reino de Chincha como una de las entidades políticas más importantes de la costa sur durante el Intermedio Tardío. Cambridge

No era una sociedad pequeña ni aislada. Las fuentes coloniales estudiadas por la arqueología describen una población organizada entre agricultores, pescadores, artesanos y mercaderes, con una importante especialización económica. Los comerciantes chinchas participaron en redes de intercambio de larga distancia, tanto marítimas como terrestres, utilizando balsas en la costa y caravanas de llamas hacia el interior. El valle, además, poseía una agricultura intensiva sostenida por canales y tierras de cultivo. Cambridge

De los chinchas al dominio inca.

La segunda cronología propuesta para Chacarita I es el Horizonte Tardío, es decir, la época de expansión y dominio del Tahuantinsuyo. Esto también encaja con la historia conocida del valle: durante el siglo XV los incas incorporaron el reino de Chincha a su imperio. La incorporación no significó simplemente la desaparición inmediata de la autoridad local. Estudios recientes sobre La Centinela y Las Huacas, en el propio valle de Chincha, muestran una forma de gobierno en la cual la autoridad imperial inca y las autoridades locales chinchas coexistieron estrechamente. Cambridge

Por eso, las dos cronologías propuestas para Chacarita I tienen un significado político concreto: Intermedio Tardío significa el mundo del señorío de Chincha; Horizonte Tardío significa el periodo en que ese mismo territorio quedó incorporado al Imperio inca. Lo que todavía no sabemos es en qué momento preciso apareció Chacarita I, cuánto tiempo funcionó ni si su pirámide tuvo una función administrativa, residencial, ceremonial o de otra naturaleza. La forma arquitectónica por sí sola no permite resolverlo.

Un valle arqueológico estudiado desde Max Uhle.

Chacarita I forma parte de un paisaje arqueológico mucho mayor. Ya en 1900 Max Uhle realizó estudios arquitectónicos y excavó tumbas en el complejo Tambo de Mora-La Centinela y otros lugares próximos. En Huaca Alvarado y Huaca Santa Rosa observó construcciones levantadas con pequeños adobes hechos a mano y creyó inicialmente que pertenecían a una civilización muy antigua posiblemente llegada desde la sierra. Posteriormente se estableció que aquellas huacas correspondían a la época de la cultura Paracas.

Entre 1957 y 1959, Dwight Wallace y su equipo realizaron exploraciones en los valles de Chincha y Pisco y registraron 110 sitios arqueológicos, abarcando una secuencia que iba desde las expresiones culturales de Paracas hasta la época del Imperio inca. Por aquellos mismos años, Dorothy Menzel y John Rowe investigaron las ocupaciones tardías e incas de Chincha mediante estudios y análisis detallados de cerámica.

Después de varias décadas, las investigaciones fueron retomadas por arqueólogos del Instituto de Estudios Andinos (INDEA) dentro del Proyecto Arqueológico Histórico de los valles de Chincha y Pisco, codirigido por María Rostworowski, Craig Morris, Heather Lechtman y Luis G. Lumbreras. En otras palabras, Chacarita I no es una estructura aislada: forma parte de un valle con una prolongada secuencia de ocupación prehispánica que comprende desde Paracas hasta los chinchas y los incas. Las investigaciones sobre el valle muestran además que esa profundidad histórica es todavía mayor, con arquitectura monumental de época Paracas tardía varios siglos antes de nuestra era. Cambridge

Excavaron el suelo, construyeron viviendas y arrojaron basura.

El problema es lo que está ocurriendo alrededor de la huaca. Se verificó remoción de suelo y excavaciones con fines agrícolas, además de la construcción de viviendas de material noble muy cerca del sitio arqueológico. También existen depósitos de basura contemporánea. A estos daños y amenazas producidos por personas se suman la humedad y la erosión natural.

El estado de conservación es malo. Y el peligro no es abstracto: existe el riesgo de que con el paso de los años se sigan asentando más viviendas dentro y encima de la huaca y de que el lugar continúe utilizándose como depósito de basura. Esa es probablemente la amenaza más grave para una estructura de barro de siete metros de altura que ya se encuentra rodeada por la ciudad.

Chacarita I tampoco tenía anteriormente una delimitación arqueológica aprobada. La protección provisional establecida en 2026 comprende un polígono de 4.480,50 metros cuadrados —0,4480 hectáreas— y 284,66 metros de perímetro. Ese dato no debe confundirse con los aproximadamente 60 metros cuadrados consignados para el montículo: una cosa es la dimensión descrita de la estructura visible y otra, bastante mayor, el área arqueológica delimitada para su protección.

Hay, finalmente, algo particularmente interesante detrás de esta pequeña huaca encerrada entre casas y chacras. Siete metros de adobe y tapial todavía sobresalen dentro de la ciudad moderna de Chincha, mientras la cerámica encontrada junto a sus muros nos lleva hacia una época en que el valle estaba gobernado por uno de los grandes señoríos de la costa peruana. Después llegaron los incas; siglos más tarde, la ciudad moderna terminó rodeando la antigua pirámide. Hoy el peligro es mucho más inmediato: que nuevas viviendas terminen levantándose dentro y encima de ella, y que lo que queda de Chacarita I desaparezca entre construcciones, excavaciones y basura.

Carnaval de Candarave: ocho días entre la Pachamama, chicotazos, enamorados y la quema del Ño Carnavalón

Carnaval de Candarave: ocho días entre la Pachamama, chicotazos, enamorados y la quema del Ño Carnavalón

Candarave es uno de los seis distritos y la capital de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Tacna. Se encuentra en la zona norte de la región: limita al norte con Moquegua; al oeste con los distritos de Camilaca, Cairani, Huanuara y Quilahuani; al sur con la provincia de Tarata; y al este con Puno. Sobre este territorio domina el volcán Yucamani, de 5.500 metros sobre el nivel del mar, que posee especial importancia simbólica, cultural y territorial para la población.

La agricultura está marcada por cultivos como cebada, quinua y papa, mientras que la ganadería se complementa con la crianza de alpacas y llamas. Esta relación entre agricultura, ganado y montaña será importante para comprender posteriormente el propio carnaval, porque varios de sus rituales están relacionados directamente con los animales, las chacras, las cosechas, la Pachamama y los apus.

El nombre Candarave tiene dos posibles explicaciones. Una lo interpreta como “tierra raptada por el cóndor”, relacionándolo con la importancia de esta ave andina. La otra propone un origen en la palabra aimara kantarawi, cuyo significado sería “lugar de muchos aposentos”, asociado a la existencia de numerosas estructuras prehispánicas en la zona.

Candarave tenía 2.502 habitantes, según el Censo Nacional de 2017, y toda su población distrital estaba registrada como rural. En su territorio existen cuatro comunidades campesinas pertenecientes al pueblo indígena aimara: Calientes, Calleraco, Huaytire y San Pedro. Las localidades con mayor población eran Candarave, Santa Cruz, San Pedro y Huaytire.

Una ocupación humana que se remontaría al 10.000 a. C.

Los orígenes de la presencia humana en la provincia se remontarían aproximadamente al 10.000 antes de Cristo, de acuerdo con Fernández Argandoña. Una de las evidencias mencionadas es el arte rupestre conservado en lugares como Jirata, Tambillo y El Gentilar, dentro del Valle Geotermal de Candarave.

Las pinturas rupestres presentan figuras zoomorfas y antropomorfas pintadas en tonalidades naranja, rojo y rojo oscuro. Y El Gentilar conserva algo más: un cementerio prehispánico formado por chullpas y tumbas semienterradas. Este dato aparecía originalmente en el pie de página del informe, pero es demasiado concreto para dejarlo fuera de la historia de Candarave.

Posteriormente habitaron este territorio antiguos ayllus de ascendencia aimara, organizados en barrios y asentamientos como Villapampa, Chulluncallani —actual Nueva Victoria— y Santa Bárbara, según la investigación de José Antonio Benito.

Con la conquista española cambió la organización del territorio. Hacia 1540 se estableció una encomienda a favor de Hernán Rodríguez de San Juan, y sus pobladores debían tributar con productos agrícolas y pecuarios. En el siglo XVIII, Candarave se encontraba dentro de los repartimientos y cacicazgos de Ilabaya y Tarata, posteriormente convertidos en curatos.

Durante la República, Candarave pasó a integrar primero la provincia de Tacna y posteriormente la de Tarata. Tras la ocupación chilena, Candarave llegó a convertirse en capital provisional de Tarata. Finalmente, el distrito de Candarave fue creado el 5 de enero de 1945 y la provincia de Candarave el 18 de agosto de 1988.

Todo este pasado importa para entender el carnaval. Candarave no es solamente el escenario donde se celebra la fiesta: es un territorio de antigua presencia humana, arte rupestre, chullpas, tumbas semienterradas, antiguos ayllus aimaras, agricultura, pastoreo de alpacas y llamas y un enorme volcán de 5.500 metros que domina el paisaje. Sobre ese territorio se desarrolló el Carnaval de Candarave y sus rituales alrededor de las cosechas, los animales, la Pachamama y los apus.

Un carnaval de raíces europeas que en los Andes se unió al culto a la tierra

Durante la República, Candarave pasó a integrar primero la provincia de Tacna y posteriormente la de Tarata. Tras la ocupación chilena, Candarave fue capital provisional de Tarata. Finalmente, el distrito de Candarave fue creado el 5 de enero de 1945 y la provincia, el 18 de agosto de 1988.

Para la antropóloga María Eugenia Ulfe, el carnaval es una celebración de raíces europeas surgida del cristianismo y estrechamente vinculada con la Cuaresma o quadragésima, periodo de cuarenta días de ayuno y purificación que precede a la Semana Santa. Antes de ese periodo se abre un tiempo en el cual el orden social se altera.

En los Andes, el carnaval se entrelazó con antiguas celebraciones de origen prehispánico. La fiesta quedó vinculada a la fertilidad de la tierra y la renovación de la vida y se desarrolla durante la temporada de lluvias, antes del comienzo de la Cuaresma. Es un tiempo ritual y sagrado durante el cual las comunidades andinas veneran a los apus, las montañas tutelares, y a la Pachamama, la Madre Tierra.

De esa unión surgieron celebraciones con sus propias canciones, danzas, vestimentas, coreografías e instrumentos musicales. Algunas llegaron a trascender sus pueblos de origen y alcanzaron reconocimiento nacional e internacional. Dentro de este universo se encuentra el Carnaval de Candarave.

Más de un siglo de carnaval

Los testimonios orales recogidos sobre el Carnaval de Candarave permiten seguir su celebración durante más de un siglo, desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ya entonces existían comparsas organizadas, rituales con cruces y músicos que tocaban tarka, quena y charango. También estaba presente el personaje que ocupa el centro de la fiesta: el Ño Carnavalón.

La tarka es una flauta vertical de madera hecha de una sola pieza, con seis agujeros para los dedos en su parte media y una longitud que puede variar entre 20 y 60 centímetros.

Actualmente el carnaval se celebra entre febrero y marzo, dependiendo del calendario litúrgico católico. Dura ocho días: comienza el Domingo de Entrada, con el ingreso del Ño Carnavalón, y termina el Domingo de Tentación.

Durante esos ocho días hay juego, sátira, canto y danza, dentro de una celebración colectiva basada también en la integración y reciprocidad comunal.

El Carnaval de Candarave contiene varias manifestaciones propias. Una es la anata, palabra aimara que significa “juegos rituales”. Otra es la pandilla candaraveña, conocida también como tarkada. A ellas se suma la orquesta o comparsa candaraveña. Cada una posee formas propias de música y danza.

El Ño Carnavalón entra montado en un burro

El carnaval comienza oficialmente el Domingo de Entrada. Desde temprano empieza el movimiento en Candarave. Aproximadamente a las diez de la mañana, los jóvenes se reúnen en la acequia que bordea el pueblo para realizar el tradicional baño carnavalesco. Con ese baño comienza la jornada festiva.

Hacia las tres de la tarde aparece el personaje principal. El Ño Carnavalón entra desde el sector de Tintirico acompañado por una comparsa.

Antes o durante este recibimiento se prepara una huatiada comunal con papas, habas, carne y el tradicional “soltero”. La comida es compartida por músicos, danzantes e invitados.

Después comienza el recorrido. Los músicos tocan guitarras, mandolinas, charangos y quenas, mientras el Ño Carnavalón avanza montado en un burro hacia el centro de Candarave.

La familia anfitriona recorre las casas acompañada por la comparsa de danzantes disfrazados. En cada visita se cantan coplas, se bebe vino y se comparten platos tradicionales.

Así comienza una fiesta de ocho días cuyo protagonista llega sobre un burro, acompañado por música, disfraces, comida y vino. Pero la celebración apenas está empezando: durante los días siguientes aparecerán los juegos rituales de la anata, las visitas a las chacras, la challa de los animales y productos agrícolas, las ofrendas a la Pachamama y los apus, los chicotazos entre caporales, el robo de parejas, las pandillas y, finalmente, la muerte, entierro y quema del Ño Carnavalón.

El lunes: chacras, papas, anata y el juego de los pepinos

La comparsa del Domingo de Entrada culmina su recorrido en la plaza principal de Candarave, donde realiza una vuelta simbólica entre cantos, danzas y brindis. La jornada continúa en la casa de la familia anfitriona, donde se comparte una sopa y el tradicional picante candaraveño, mientras la noche prosigue entre brindis y baile. Paralelamente, en las comunidades y localidades cercanas comienza la vestimenta de las cruces que serán colocadas en distintos espacios del territorio.

Desde las primeras horas del lunes, las familias anfitrionas reciben a los invitados en sus hogares y comienzan nuevamente los juegos, cantos y danzas, con especial participación de las parejas de enamorados. Una de las principales prácticas de este día es la visita a las chacras y a los huertos de papa. Los grupos de pobladores se dirigen hacia ellos pronunciando expresiones tradicionales en aimara como “¡curuyatanachoque!” o “¡uruyatana choke!”, que significa “vamos a cosechar la papa”. Durante el camino y dentro de las parcelas se interpreta el “anata cusici” o “carnaval alegre”, al ritmo de guitarras y quenas, mientras los participantes bailan tomados de las manos y agitan pañuelos de colores.

En las chacras se practica también el “juego de los pepinos”, en el que se utilizan matas de papa y frutos silvestres con el propósito de propiciar cosechas fértiles y abundantes. Al mismo tiempo, por las calles de Candarave se desarrolla la pandilla, una danza colectiva ejecutada por parejas al ritmo de tarkas. Numerosas parejas forman figuras mientras recorren las principales viviendas del pueblo y son recibidas con vino y muestras de hospitalidad. Las mujeres llevan vestimentas elaboradas con aguayo; antiguamente se utilizaban faldas y blusas de seda con encajes.

El martes: challa, mesadas, Pachamama y Yucamani

El martes de carnaval constituye uno de los momentos más importantes de la fiesta. La jornada comienza con la challa de los animales y de los productos agrícolas, realizada como agradecimiento y petición de fertilidad. Para ello se preparan “mesadas” con coca, vino, azúcar, copal y alimentos, colocados sobre aguayos y papeles blancos. Las oraciones y ofrendas son dirigidas a la Pachamama o Madre Tierra y a los apus tutelares del distrito, entre ellos el volcán Yucamani.

Durante la tarde, las comparsas recorren las calles interpretando coplas y cantos tradicionales acompañados por quenas, guitarras, tarkas y orquestas locales. Los hombres llevan pantalones azules adornados con jallpañas o chuspas tejidas con hilos de colores, mientras las mujeres visten faldas, blusas bordadas y aguayos cargados con frutas. A ello se agregan flores, serpentinas y otros adornos. Los hombres portan además fuetes decorados con mangos de plata, que azotan contra el suelo durante el recorrido.

Uno de los momentos centrales de ese martes es el juego ritual del chicote sobre la granada. Los anatas varones de distintas comparsas forman un gran círculo, dentro del cual los caporales protagonizan el enfrentamiento. Colocan una granada en el centro y el más hábil intenta partirla de un solo chicotazo. Mientras ocurre el duelo, las mujeres de ambos grupos entonan cantos de aliento y arrojan flores alrededor del círculo. El enfrentamiento continúa hasta que uno de los caporales cae al suelo. Después continúan los recorridos por Candarave, las visitas a las familias, la música y el baile.

Miércoles de Ceniza: misa, pandillas y contrapuntos

El Carnaval de Candarave continúa el Miércoles de Ceniza con la misa y la imposición de la ceniza. Terminada la ceremonia religiosa, regresan las celebraciones y salen nuevamente las pandillas. Las comparsas recorren las principales calles y visitan las casas más representativas del pueblo, donde son recibidas y agasajadas. Durante este día también se realizan contrapuntos entre pandillas, desarrollados como competencias amistosas en la plaza principal.

Entre las pandillas que participan destacan las procedentes de Quillapampa, Santa Bárbara de Bellavista, San Pedro, Talaca y Yucamani. De esta manera, en el espacio de pocos días el carnaval pasa del Ño Carnavalón montado en un burro y la huatiada de papas, habas, carne y “soltero”, a las visitas a las chacras, el juego de los pepinos, las mesadas con coca, vino, azúcar y copal, las ofrendas a la Pachamama y al Yucamani y el enfrentamiento de los caporales con sus chicotes; para llegar finalmente al Miércoles de Ceniza, cuando se celebra la misa y, terminada esta, las pandillas vuelven a recorrer Candarave entre música, visitas y contrapuntos.

El Domingo de Tentación: robo de parejas, pachamanca y muerte del Ño Carnavalón

El Domingo de Tentación constituye el último acto festivo del Carnaval de Candarave. En la plaza principal, las comparsas realizan coreografías competitivas y se produce el llamado “rompimiento de filas”, durante el cual se roban parejas entre los diferentes grupos. La competencia consiste en ocupar el centro de la plaza, lugar que termina consagrando a la agrupación que demuestra mayor coordinación, presencia y entusiasmo.

Como uno de los actos culminantes se prepara una pachamanca comunal en las afueras de Candarave, alrededor de un árbol adornado con serpentinas, frutas y otros elementos festivos. Las parejas se turnan para intentar derribarlo. La persona que finalmente consigue tumbar el árbol queda encargada de organizar el carnaval del año siguiente.

Después llega la despedida del personaje que abrió la fiesta ocho días antes: el Ño Carnavalón. Se realiza su entierro simbólico y aparece su viuda, vestida completamente de negro, que protagoniza cantos y escenas burlescas. Antes de quemar al Carnavalón se procede a la lectura de su testamento humorístico, mediante el cual reparte sus supuestas pertenencias entre los presentes, provocando risas y sirviendo también para realizar crítica social. Finalmente, el Ño Carnavalón es quemado y con su desaparición termina el carnaval.

Anata, pandilla y orquesta

La música y la danza del Carnaval de Candarave se desarrollan principalmente mediante la anata, la pandilla y la orquesta. La anata aparece sobre todo durante el lunes y martes de carnaval y reúne música, danza y juegos. La pandilla se practica usualmente el Miércoles de Ceniza, mientras que la orquesta está presente principalmente el domingo y lunes.

Dentro de la anata participan personajes y actores con funciones diferentes: el caporal, los chicoteros, los danzantes, las imillas y las familias agricultoras. El caporal es el responsable de la fiesta y su principal organizador. Convoca a la comunidad y coordina la música, la comida y la huatia. Antes de comenzar el baile, su propia casa sirve como lugar de reunión. Después encabeza la comparsa llevando un chicote adornado con argollas, cintas y cascabeles, con el cual marca el ritmo y dirige la danza.

Los chicoteros son los hombres que participan en los duelos de chicotazos, poniendo a prueba fuerza, valentía y resistencia. Los danzantes son hombres y mujeres que bailan en parejas o grupos y cantan coplas durante el recorrido desde las chacras hasta el pueblo. Las imillas, jóvenes mujeres, observan y acompañan la fiesta y participan de la dinámica de relaciones que se desarrolla durante el carnaval. Las familias agricultoras y los comuneros intervienen directamente en ceremonias como la challa y las tinkas dedicadas a la Pachamama.

El choque de anatas

Otro momento característico es el choque de anatas, un enfrentamiento entre conjuntos procedentes de diferentes barrios y sectores de Candarave. Cada grupo llega con su propia comparsa, músicos, coplas y caporales y los conjuntos terminan colocándose cara a cara en las calles y plazas del pueblo.

Allí cada anata intenta mostrar su superioridad mediante la música, el canto y el baile. Se escuchan quenas, guitarras, mandolinas y chilladores, mientras los participantes responden mediante coplas satíricas y coreografías sincronizadas. El choque suele realizarse el martes de carnaval, antes de la despedida del Ño Carnavalón y de la llegada del Miércoles de Ceniza, aunque algunas celebraciones pueden prolongarse hasta el Domingo de Tentación.

Chicotes, chuspas, coca, alcohol y sombreros con flores

La vestimenta de la anata conserva numerosos elementos tradicionales. Las mujeres llevan faldas anchas y plisadas de Castilla o bayeta, generalmente de colores vivos y adornadas con encajes en los bordes. Las acompañan con blusas claras y, en determinados casos, con mantas o aguayos.

Los hombres usan ponchos gruesos de colores terrosos o encendidos, pantalones oscuros de bayeta o paño y camisas blancas o claras, algunas veces acompañadas por chalecos. Cada hombre puede llevar un chicote trenzado de cuero, utilizado como símbolo ritual, además de una jalpaña o chuspa, bolsa cruzada sobre el pecho en la que se lleva coca o alcohol. El conjunto se completa con un sombrero de ala ancha adornado con flores, hojas o serpentinas.

Antiguamente, la música de la anata candaraveña se interpretaba exclusivamente con quenachos hechos de caña de bambú. Con el tiempo fueron incorporándose instrumentos de cuerda como ronrocos y chilladores, además de guitarras y mandolinas, que actualmente acompañan las comparsas.

Coplas de amor, desamor, alegría y romance

El carnaval tiene también un importante repertorio de coplas y cánticos para las diferentes jornadas. Sus letras hablan del amor, el desamor, la alegría, el consuelo, la fiesta y el romance, entre otros asuntos. Las coplas acompañan los desplazamientos por el pueblo, las visitas a las chacras, los encuentros de las comparsas y los choques entre anatas.

Así termina una celebración que durante ocho días lleva a Candarave desde el baño carnavalesco y la llegada del Ño Carnavalón montado en un burro hasta su entierro y quema. Entre ambos momentos ocurren la huatiada, las visitas a las chacras, el juego de los pepinos, las pandillas, la challa de animales y productos agrícolas, las mesadas con coca, vino, azúcar, copal y alimentos, las ofrendas a la Pachamama y al Yucamani, los duelos de chicotazos, el choque de anatas, el robo de parejas, la pachamanca y el derribo del árbol. Finalmente queda la viuda vestida de negro, se lee el testamento burlesco y el Carnavalón termina en el fuego.

La pandilla o tarkada: pañuelos, polleras de seda y coplas picarescas

La pandilla, también conocida como tarkada, aparece hacia el cierre del Carnaval de Candarave, principalmente durante el Miércoles de Ceniza, aunque algunas veces comienza desde la noche anterior. Está formada por comparsas de hombres y mujeres que bailan en parejas y recorren plazas y calles ejecutando coreografías sincronizadas. Durante el baile, el varón invita con el pañuelo y la mujer responde con elegancia. La música se interpreta con tarkas, bombo y otros instrumentos de percusión, acompañada por coplas de contenido picaresco y romántico, muchas de ellas construidas a partir de vivencias locales.

La vestimenta de la pandilla es especialmente elegante. Las mujeres llevan una pollera de seda tableada y de colores vivos, debajo de la cual usan cuatro centros o enaguas blancos. Completan el traje con blusa blanca de encajes y organdí, cintas del mismo color de la pollera, pañuelo blanco de mano, zapatos de vestir y sombrero tradicional de paño negro de ala ancha. Los hombres llevan saco y pantalón a juego, camisa blanca y corbata, además de pañuelo blanco en la mano, zapatos de vestir y un sombrero negro de paño semejante al utilizado por las mujeres.

La orquesta o comparsa: huaynos, máscaras, capas, diablos y brujas

La orquesta o comparsa candaraveña alcanza su mayor presencia durante el domingo y lunes de carnaval. El propio término “comparsa” comenzó a popularizarse a partir de la década de 1970. Su repertorio se caracteriza por huaynos andinos alegres, festivos y jocosos, acompañados por una danza colectiva y dinámica que no sigue una estructura rígida. Hombres y mujeres avanzan juntos o en parejas e improvisan giros, saltos y diferentes secuencias de baile.

Los participantes llevan trajes vistosos, máscaras, capas y otros accesorios que dan un carácter teatral a la celebración. Algunos se transforman en personajes satíricos o simbólicos: aparecen diablos, brujas, militares y ancianos, empleados también para introducir humor popular y crítica social dentro de la fiesta. La música de estas comparsas se ejecuta con quena, mandolina, guitarra, chillador, charango y quirquincho.

Una tradición que también está cambiando

El Carnaval de Candarave enfrenta problemas para conservar algunas de sus formas tradicionales. Entre ellos se encuentra el limitado conocimiento que tienen las nuevas generaciones sobre las expresiones asociadas al carnaval, además de la progresiva modificación de los pasos, la música y la vestimenta de la pandilla candaraveña debido a influencias externas. A ello se suma la insuficiente difusión de las prácticas vinculadas con la festividad.

Para enfrentar estos problemas se ha planteado trabajar directamente con niños y jóvenes mediante actividades como el “Festival al estilo de mi pueblo”. También se propone enseñar los pasos, la música y la vestimenta de la pandilla candaraveña en instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y superior, así como en escuelas de formación artística y cursos vacacionales. Otras medidas comprenden difundir las costumbres y tradiciones del carnaval mediante redes sociales y otros medios de comunicación, dar mayor visibilidad a quienes mantienen la tradición y promover la festividad dentro de los circuitos turísticos regionales y nacionales.

El Carnaval de Candarave conserva así elementos muy distintos dentro de una misma celebración: tarkas, quenas, charangos, quenachos, ronrocos, chilladores, mandolinas y guitarras; huaynos y coplas picarescas; polleras de seda y cuatro enaguas; chicotes, chuspas con coca o alcohol, máscaras y capas; diablos, brujas, militares y ancianos; huatias, challas y tinkas dedicadas a la Pachamama. No se trata solamente de música y baile: alrededor de la fiesta continúan prácticas relacionadas con la agricultura, la comida, las relaciones entre los habitantes, la sátira y la transmisión de una memoria colectiva. La huatia, junto con los rituales y las prácticas festivas, forma parte de esa continuidad cultural que el Carnaval de Candarave mantiene hasta el presente.